El DHS revoca la regla de carga pública de 2022: qué significa para los solicitantes de la Green Card

Si estás solicitando una tarjeta de residencia o planeas hacerlo, una nueva norma federal cambiará la forma en que los oficiales de inmigración evalúan tu uso de beneficios públicos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha finalizado una norma que deroga la regulación de carga pública de 2022. La norma está programada para publicarse el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.

Esto es lo que significa el cambio y lo que los solicitantes deben saber antes de esa fecha.

¿Qué es la prueba de carga pública?

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ciertas personas que solicitan la admisión o el ajuste de estatus pueden ser declaradas inadmisibles si los oficiales de inmigración determinan que es probable que en algún momento se conviertan en una carga pública. La norma de 2022 definía esto principalmente en términos de dependencia de asistencia en efectivo o atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno. La nueva norma elimina esa definición reglamentaria y otorga a los oficiales una mayor discreción para considerar las circunstancias del solicitante.

¿Qué va a cambiar?

La norma de 2022 limitaba la revisión de carga pública principalmente a la asistencia en efectivo para gastos básicos de manutención y a la atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno. La nueva norma elimina esos límites y restablece una revisión más amplia, caso por caso.

A partir del 18 de septiembre de 2026, los oficiales de USCIS evaluarán la totalidad de las circunstancias del solicitante, incluyendo:

• Edad, salud y situación familiar
• Recursos financieros y activos
• Educación y habilidades
• Pruebas de autosuficiencia
• La solicitud, aprobación o certificación para recibir, o la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, incluidos programas como Medicaid, SNAP y asistencia de vivienda sujeta a comprobación de recursos, en o después de la fecha de entrada en vigor

La norma también cambia el funcionamiento de las fianzas por carga pública. Para las fianzas presentadas a partir del 18 de septiembre, la recepción de cualquier beneficio público sujeto a comprobación de recursos puede constituir un incumplimiento. Las fianzas presentadas y aceptadas antes de la fecha de entrada en vigor seguirán sujetas al estándar anterior.

A quiénes aplica

La norma cubre a los ciudadanos extranjeros que solicitan ajustar su estatus a la residencia permanente legal desde dentro de los Estados Unidos, junto con aquellos que buscan la admisión como inmigrantes o no inmigrantes. No aplica a las categorías que el Congreso ha eximido de la revisión de carga pública, incluidos refugiados, asilados, Jóvenes Inmigrantes Especiales, ciertas víctimas de trata y delitos, y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). USCIS indica que estas exenciones seguirán apareciendo en el Formulario I-485 y en la guía del Manual de Políticas.

Cuándo comienzan a contar los beneficios

USCIS solo tomará en cuenta los beneficios sujetos a comprobación de recursos recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, fecha en la que entra en funcionamiento el nuevo marco. Los beneficios recibidos antes de esa fecha generalmente solo se considerarán si fueron asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos o atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno, el mismo estándar más limitado que se aplicaba bajo la norma de 2022.

USCIS también ha revisado el Formulario I-485 para recopilar información más amplia sobre los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Los solicitantes que presenten su solicitud a partir de la fecha de entrada en vigor deben consultar el sitio web de USCIS para obtener la edición correcta del formulario y cualquier instrucción de transición antes de enviar su solicitud.

Qué significa esto para los solicitantes

Si presenta el Formulario I-485 a partir del 18 de septiembre de 2026, el uso de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, como Medicaid, SNAP o asistencia de vivienda, podría convertirse en un factor en su determinación de carga pública. Las solicitudes presentadas correctamente antes de esa fecha generalmente seguirán sujetas a la norma de 2022, incluso si aún están pendientes después del 18 de septiembre. Algunas cosas que debe saber:

• Los beneficios recibidos por miembros de la familia generalmente no se tratarán como beneficios recibidos por el solicitante. Sin embargo, los hechos relacionados aún pueden ser relevantes para las circunstancias financieras generales del solicitante.
• La norma no elimina las exenciones legales creadas por el Congreso. Los refugiados, asilados, Jóvenes Inmigrantes Especiales, ciertas víctimas de trata y delitos, y los autopeticionarios de VAWA siguen estando exentos al solicitar a través de categorías calificadas. Los beneficios recibidos mientras alguien tenía un estatus exento pueden, no obstante, considerarse más adelante si esa persona solicita a través de una categoría diferente que esté sujeta a la causal de carga pública.
• Debido a que la revisión es ahora más discrecional, es posible que los solicitantes deseen estar preparados para documentar sus recursos financieros, empleo y autosuficiencia general de manera más exhaustiva que bajo el estándar de 2022.

Este es un cambio significativo, y la forma en que los oficiales lo apliquen en la práctica probablemente tomará forma en los próximos meses. Si está evaluando si usar un beneficio público o cómo preparar su solicitud bajo el nuevo estándar, vale la pena obtener asesoramiento específico para su situación.

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