ICE Espía a la Mayoría de los Estadounidenses, a Pesar de las Leyes de Privacidad

Una nueva investigación publicada a principios de este mes encontró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, utiliza un sofisticado y altamente invasivo sistema de vigilancia masiva para espiar a la mayoría de los estadounidenses, incluso en estados con leyes estrictas para proteger la privacidad de sus residentes.

Los hallazgos son el resultado de una investigación de dos años realizada por el Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, y reportan que ICE ha creado un sistema de vigilancia a gran escala que alcanza la vida de millones de personas comunes que viven en EE. UU., desde inmigrantes indocumentados hasta ciudadanos estadounidenses por igual.

Según el informe, ICE tiene datos de licencias de conducir de 3 de cada 4 adultos que viven en EE. UU., y ha escaneado al menos 1 de cada 3 licencias de conducir de todos los adultos con la controvertida tecnología de reconocimiento facial. ICE también ha evadido las leyes de privacidad en estados como California, que prohíben compartir información de servicios públicos con las autoridades de inmigración, al comprar cientos de millones de registros de servicios públicos de estadounidenses a través de corredores de datos. De hecho, ICE puede localizar a 3 de cada 4 adultos que viven en EE. UU. actualmente a través de sus registros de servicios públicos.

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La ley federal prohíbe específicamente que el gobierno y sus operativos de inteligencia (es decir, espías) actúen en territorio estadounidense bajo la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Y el Congreso aprobó nuevas leyes en la década de 1970 para proteger la privacidad de los estadounidenses después de que se descubriera el espionaje político llevado a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y las fuerzas militares.

La publicación del informe de Georgetown Law llega poco después de que a finales de marzo de este año se reportara que ICE, una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estaba utilizando una variedad de acciones de vigilancia controvertidas contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, generando preocupación entre legisladores, organizaciones de inmigración, y defensores de la privacidad.

ICE ha expandido enormemente el uso de una aplicación de teléfono inteligente con GPS llamada SmartLink durante la pandemia como una forma de rastrear a los inmigrantes, supuestamente para asegurarse de que comparezcan a sus audiencias en la corte de inmigración. Casi 200,000 inmigrantes han sido obligados a usar la aplicación.

SmartLink es fabricada por BI Inc., una subsidiaria con sede en Colorado de la empresa de prisiones privadas The GEO Group. GEO administra instalaciones privadas de detención de inmigrantes para ICE, y ha sido demandada varias veces por depender de mano de obra barata y no remunerada de inmigrantes detenidos, así como por estar en violación de las leyes estatales sobre salarios mínimos y prisiones privadas en general.

El gobierno afirma que la aplicación de rastreo, que recopila una cantidad sustancial de datos de los usuarios, es una alternativa menos intensiva a la detención para los inmigrantes. Sin embargo, la aplicación ahora se está imponiendo a un gran número de inmigrantes sin antecedentes penales y que no han sido detenidos. Además, la gran mayoría de los inmigrantes se presentan a sus audiencias de inmigración, lo que plantea la duda de si la aplicación cumple un propósito más allá de simplemente espiar a los inmigrantes que viven en los Estados Unidos.

Mientras tanto, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad investigativa de aplicación de la ley dentro del DHS, ha estado "operando un programa de vigilancia masiva e indiscriminada que recopiló millones de registros financieros de estadounidenses", según el senador Ron Wyden (D-OR). HSI recopiló más de 6.2 millones de registros desde 2019, reuniendo en secreto "un enorme conjunto de registros financieros de estadounidenses comunes" sin una orden judicial, y luego canceló el programa en enero de 2022 cuando el personal del senador solicitó información. El programa fue un secreto, desconocido incluso para los miembros del Congreso, hasta el 18 de febrero de 2022; el DHS terminó el programa a los pocos días de la solicitud de información del senador Wyden.

El programa de vigilancia recopiló transferencias de dinero superiores a $500 "hacia o desde" México, Arizona, California, Nuevo México y Texas. El DHS había obtenido previamente estos registros del Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC), un centro de intercambio de información sin fines de lucro para la aplicación de la ley federal, el personal y el gasto, que recibió la información de Western Union y otras compañías de servicios financieros.

Sin embargo, cuando un acuerdo que exigía a Western Union compartir los datos terminó en 2019, HSI comenzó a citar judicialmente a las compañías de servicios financieros, exigiendo que se enviara la misma información a TRAC. Dado que TRAC no es una agencia gubernamental, sino una organización sin fines de lucro que opera bajo el auspicio de una universidad estatal, existen preocupaciones no solo sobre la privacidad de los datos y la seguridad, sino también sobre la autoridad legal del DHS para usar citaciones aduaneras de esta manera. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 establece que es específicamente ilegal que los operativos de inteligencia de EE. UU. actúen dentro del país sin una orden de allanamiento de una autoridad federal competente o una orden de un tribunal con jurisdicción para conocer el caso.

A medida que el gobierno continúa promoviendo las alternativas a la detención, o ATD, los defensores advierten que el creciente número de inmigrantes incluidos en programas de ATD no significa necesariamente una disminución en el número de inmigrantes encarcelados, y que el avance de la vigilancia a menudo no se limita a la frontera ni a los inmigrantes.