La Norma de Carga Pública, explicada.

Entre todas las medidas que el gobierno de Trump ha tomado hasta ahora para restringir la inmigración legal, la “norma de carga pública” es la que tendrá un impacto más grande. Esta política está diseñada para reducir el número de personas elegibles para obtener tarjetas de residencia u otras visas al redefinir qué los hace dependientes de los beneficios del gobierno (o pudiera hacerlos en un futuro).

Varias propuestas legislativas para reducir la inmigración legal han recibido el apoyo del gobierno de Trump pero no han tenido ninguna oportunidad real de convertirse en ley. Sin embargo, el gobierno de Trump cree que puede implementar la regla de carga pública a través de acciones ejecutivas sin necesitar aprobación del Congreso.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una propuesta de regulación el 22 de septiembre del 2018. El DHS publicó una regulación final el 14 de agosto de 2019, agendada para entrar en vigencia 60 días más tarde, el 15 de octubre de 2019.

¿Qué dice la propuesta de la norma de carga pública y a cuánta gente podría afectar?

Esta guía cubrirá:

• ¿Qué significa la regla de “carga pública”?
• ¿Qué cambiaría bajo la nueva propuesta de “norma de carga pública”?
• ¿Quién se vería afectado por esta nueva política?
• ¿Qué pasa con los residentes permanentes que están buscando la ciudadanía estadounidense?
• ¿Qué pasa con los solicitantes de visas del extranjero?
• ¿Qué ocurrirá con los patrocinadores de tarjetas de residencia?
• ¿Qué viene después de esto?
• ¿Qué significa esto para mí?

¿Qué significa la regla de carga pública”?

En 1882 el congreso estableció este concepto el para permitir que ell gobierno de los Estados Unidos pueda denegar una tarjeta de residencia a cualquiera que “pueda convertirse en una carga pública en algún momento” pero sin definir a qué se refiere con “carga pública”.

Desde 1999, los oficiales de inmigración han adoptado y se han guiado por el principio de que carga pública es alguien que “depende principalmente del gobierno para subsistir”, demostrado ya sea a) usando ayuda pública en efectivo como ingreso para mantenerse o b) institucionalizándose para el cuidado a largo plazo a expensas del gobierno. Esto ha incluido específicamente:

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido en inglés como “welfare” o “asistencia social”.
• Ayuda en efectivo estatal y local, llamada algunas veces “Asistencia General”.
• Medicaid u otros programas de ayuda institucionalizada a largo plazo, como asilos de ancianos o instituciones de salud mental.

Bajo esta política, a muy pocos inmigrantes se les ha negado la tarjeta de residencia por motivos de carga pública por dos razones principales. Primero, el Congreso ya ha bloqueado a la mayoría de los inmigrantes el uso de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, por lo que el uso previo de estos beneficios está fuera de discusión. Segundo, el Congreso requiere que la mayoría de los solicitantes de tarjetas de residencia tengan un patrocinador financiero, normalmente un cónyuge u otro familiar que sea ciudadano estadounidense, que pueda demostrar ingresos suficientes para prevenir una futura dependencia de los beneficios del gobierno. Ese límite mínimo de ingresos es definido en los estatutos como 125% de las Pautas de Pobreza Federales, actualmente $21,137 USD para la mayoría de las parejas sin hijos.

Es por eso que las dos décadas pasadas la inmensa mayoría de solicitantes de visa ha podido evitar el obstáculo de “carga pública” al presentar la declaración jurada de apoyo del patrocinador financiero, acompañada de evidencia que muestra que cumple con el límite mínimo legal de ingresos.

¿Qué podría cambiar bajo la nueva propuesta de “norma de carga pública”?

El Departamento de Seguridad Nacional planea expandir de manera dramática el término “carga pública”, para que los solicitantes de tarjetas de residencia y otras visas puedan ser denegados no solo por ser “principalmente dependientes del gobierno para subsistir” (el estándar actual), sino también por ser “propensos” a recibir este tipo de beneficios en el futuro.

Bajo la regulación propuesta, el Departamento de Seguridad Nacional crearía el siguiente nuevo criterio para denegar una solicitud de tarjeta de residencia de los Estados Unidos:

(1) Uso previo de ciertos beneficios del gobierno. En lugar de limitar la definición de beneficios sin límites del gobierno a pagos de asistencia social y subsidios de largo plazo institucionalizados, la nueva política expandiría la definición para incluir un rango más amplio de beneficios comunes del gobierno:

• Todos los beneficios de status quo enlistados anteriormente. (SSI, TANF, asistencia general y atención institucional a largo plazo)
• Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) comúnmente conocidos como Cupones para Alimentos.
• Asistencia de alojamiento y alquiler de la Sección 8
• Subsidios federales de vivienda
• Beneficios de Medicaid que no son de emergencia (con excepciones para niños menores de 21 años, personas con discapacidades, mujeres embarazadas y madres dentro de los 60 días posteriores al parto)

Una denegación por “carga pública” podría hacerse efectiva si alguien ha recibido uno o más de los beneficios listados anteriormente, por un tiempo que en total sume 12 meses dentro de cualquier periodo de 36 meses. La recepción de dos beneficios en un mes cuenta como dos meses.

(El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos «DHS» no penalizará a los solicitantes porque sus esposos o hijos usen estos beneficios, contrario a lo que se había establecido en borradores previos).

Es importante señalar que el DHS no tiene la autoridad de hacer a alguien inelegible para estos beneficios, que son administrados por otras agencias federales bajo varios actos del Congreso. El DHS, en efecto, estaría penalizando a los solicitantes de visa por usar los beneficios que se les permite aprovechar según la ley vigente.

También es importante entender que la gran mayoría de las personas solicitando tarjetas de residencia no son ni siquiera elegibles para los beneficios que la regla de la carga pública busca penalizar. Desafortunadamente, esta regla ha creado una “ola de miedo” que ha hecho que varias personas cancelen su inscripción en los beneficios públicos a pesar de que no es necesario que lo hagan.

(2) Probabilidad de uso futuro de beneficios del gobierno. A pesar de que los siguientes criterios son definidos por el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional planea expandir en gran manera el número de factores específicos que los oficiales de inmigración deben tomar en cuenta cuando determinen si un solicitante de visa podrá o no convertirse en “carga pública” en algún punto del futuro.

• Edad: los solicitantes podrían ser denegados si son menores de 18 años (edad mínima para tener un trabajo de tiempo completo), mayores de 61 años (edad mínima de “jubilación anticipada” para fines de seguridad social), o de alguna otra edad que impacte su “capacidad para trabajar”.
• Salud: el Departamento de Seguridad Nacional planea escudriñar cualquier condición médica para evaluar si dicha condición pudiera afectar la capacidad de trabajo del solicitante, expandiendo el alcance del examen médico requerido.
• Tamaño de la familia: tener más hijos u otros dependientes podría aumentar la posibilidad de una visa denegada.
• Habilidades: el Departamento de Seguridad Nacional planea determinar si un solicitante tiene “educación adecuada y habilidades para obtener o mantener un trabajo” (si está autorizado para trabajar), esto se lograría revisando el historial de trabajo, certificado de bachillerato y educación superior, “habilidades ocupacionales, certificados o licencias” y sus competencias del inglés u otros idiomas.
• Estado financiero: más allá de revisar los ingresos y activos del solicitante (vea más abajo), el Departamento de Seguridad Nacional planea evaluar el historial crediticio, puntaje de crédito, y responsabilidades financieras además de si el solicitante cuenta ya sea con un seguro de salud privado o recursos para cubrir “cualquier costo médico razonablemente previsible” que pudiera interferir con trabajo o estudios.

(3) Recursos financieros insuficientes. Incluso si el solicitante nunca ha gozado de beneficios del gobierno en el pasado y cumple con todos los criterios antes mencionados para demostrar baja posibilidad de uso futuro de estos beneficios, podría ser bloqueado por un requisito completamente nuevo: recursos financieros personales. El Departamento de Seguridad Nacional planea requerir un nuevo formulario llamado “Declaración de Auto-Suficiencia” (Formulario I-944) que acompañará a la mayoría de las solicitudes de tarjetas de residencia. Este formulario tendría el propósito de recolectar información que ayude al oficial de inmigración a determinar si el solicitante es “carga pública” bajo los nuevos y amplios criterios mencionados anteriormente.

Este nuevo formulario no se debe confundir con la “declaración jurada de apoyo” (Formulario I-864), la cual ha sido mandato del Congreso desde 1996 para demostrar los recursos financieros de la persona que patrocina al solicitante de una tarjeta de residencia u otra visa. Hasta ahora, los oficiales de inmigración normalmente han dado gran atención a una declaración jurada de apoyo que muestra que el patrocinador tiene un ingreso (o activos equivalentes) de al menos 125% de las Pautas de Pobreza Federales, ya que este umbral legal indica que el solicitante de visa tendrá recursos financieros suficientes para evitar convertirse en dependiente de los beneficios del gobierno.

No obstante, bajo la nueva política, el Departamento de Seguridad Nacional planea imponer requisitos financieros similares sobre el solicitante, no sólo sobre el patrocinador. Parece ser que como mínimo los solicitantes tendrán que demostrar un ingreso familiar (o el equivalente en activos) de al menos el 125% de las Pautas de Pobreza Federales. Pero, además, el Departamento de Seguridad Nacional establecería un mínimo de ingreso familiar más alto y completamente nuevo del 250% de las pautas de pobreza, estableciendo esta barrera más alta como un “factor positivo de gran peso”.

Esto podría significar que, para asegurarse de evitar una negación por carga pública, el solicitante deberá mostrar un ingreso familiar anual de $41,150 USD para una pareja sin hijos, y de $73,550 USD para una familia de cinco, o más.

¿Quién se vería afectado por esta nueva política?

Solicitantes de tarjeta de residencia

La nueva regla de carga pública aplicaría a la vasta mayoría de solicitantes de tarjeta de residencia (residencia permanente). Esto incluiría tarjetas de residencia basadas en:

• Una relación familiar con un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal. En 2016 fueron concedidas más de 800,000 tarjetas de residencia por relación familiar (el dato más reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional)
• Patrocinio por un empleador de Estados Unidos (140,000 tarjetas de residencia concedidas por año)

Solicitantes de visas temporales

Además, el Departamento de Seguridad Nacional planea aplicar los nuevos estándares de carga pública a un rango más amplio de visas temporales (de “no inmigrante”), cuando el titular de una visa en los Estados Unidos necesite extender su visa o cambiar a una categoría diferente de visa. Esto podría incluir la visa H-1b para trabajadores especializados. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional recibió más de 233,000 solicitudes para extensión o cambio de estatus de “no inmigrante”.

Al parecer dichos solicitantes no estarán sujetos al Formulario I-944 ni a las pruebas de futuro descritas anteriormente, pero aún así deben demostrar que no han recibido los beneficios públicos mencionados anteriormente “durante más de 12 meses en total dentro de un periodo de 36 meses (la recepción de dos beneficios en un mes cuenta como dos meses)”.

Nuevamente, es importante comprender que la gran mayoría de las personas que solicitan una extensión o cambio de visas temporales (“no inmigrantes”) ni siquiera son elegibles para los mismos beneficios que la norma de carga pública del DHS busca penalizar.

Exenciones

La regla de carga pública no aplicará a solicitantes de visa que el Congreso ha exentado del examen de carga pública, como refugiados, asilados, individuos que han sufrido de violencia doméstica u otras categorías especiales.

Impacto estimado

Dado que la nueva regla de carga pública crearía un requisito de ingresos completamente nuevo para los solicitantes de visas (no sólo para sus patrocinadores) y este mínimo de ingreso familiar se establecería como 250% de las Pautas de Pobreza Federales, se han estimado los siguientes posibles impactos:

• Que el Departamento de Seguridad Nacional comience a denegar casi la mitad de las solicitudes de tarjeta de residencia por matrimonio cada año obligando a cerca de 200,000 parejas ya sea a dejar los Estados Unidos juntos o a vivir separadas por tiempo indefinido. (Fuente: Boundless Immigration)
• Aproximadamente un 56% de todas las solicitudes de tarjetas de residencia por relación familiar, serían denegadas bajo el ingreso sin precedente de la regla de carga pública – más del 47% estarían en riesgo por uso previo de los beneficios del gobierno. (Fuente: Instituto de Políticas Migratorias)
• Por otra parte, este nuevo obstáculo tendría efectos desmesurados basados en origen nacional y étnico, bloqueando el 71% de solicitantes de México y Centroamérica, 69% de África, y 52% de Asia – pero sólo 36% de Europa, Canadá y Oceanía (Fuente: Instituto de Políticas Migratorias)

¿Qué pasa con los residentes permanentes que están buscando la ciudadanía estadounidense?

La nueva norma de carga pública ultimadamente podría expandir la habilidad del Departamento de Seguridad Nacional de deportar a algunos inmigrantes que ya cuentan con tarjetas de residencia (“residentes permanentes legales”).

El Congreso establece que un residente permanente sólo puede ser deportado por carga pública durante los primeros cinco años después de obtener su tarjeta de residencia, y sólo si éste se convierte en carga pública por circunstancias que ya existían antes de que obtuviera su tarjeta de residencia. (Por ejemplo, una persona sana que obtiene una tarjeta de residencia, sufre un accidente, y entonces necesita asistencia del gobierno no sería deportable por motivos de carga pública).

Básicamente, dadas las restricciones establecidas por el Congreso y precedentes de corte, aunado al hecho de que los titulares de tarjetas de residencia recientes son normalmente inelegibles para asistencia social, muy pocos titulares de tarjetas de residencia han sido deportados por motivos de carga pública.

Sin embargo, al expandir la definición de “carga pública”, la administración podría crear incertidumbre para millones de inmigrantes.

A pesar de que la propuesta de carga pública anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional no cambia el status quo para los actuales titulares de tarjetas de residencia, el 22 de septiembre del 2018 la agencia envió a reporteros un comunicado oficial anunciando que: “El Departamento de Justicia tiene la intención de llevar a cabo una reglamentación paralela sobre la deportación por carga pública, y garantizará que los estándares sean consistentes en la medida apropiada”. Más recientemente, Reuters reportó más detalles sobre este plan del Departamento de Justicia.

Aunque los detalles son probablemente complicados, es posible imaginarse una serie de escenarios problemáticos o paradójicos.

Por ejemplo, como parte del proceso para la tarjeta de residencia por matrimonio, el cónyuge de un ciudadano estadounidense obtiene una tarjeta de residencia, y posteriormente debe esperar tres años para solicitar la ciudadanía estadounidense (naturalización). El Departamento de Seguridad Nacional ofrece una exención de cuotas para solicitantes con bajos ingresos. Pero si de pronto el uso de esta exención de cuotas cuenta como un beneficio del gobierno que desencadena un hallazgo de “carga pública”, es posible que entonces el cónyuge residente permanente de un ciudadano estadounidense pueda ser deportado.

Sin embargo, sin existir más detalles sobre el plan oficial del Departamento de Justicia, dichos escenarios son altamente especulativos.

¿Qué pasa con los solicitantes de visas del extranjero?

Es importante tomar en cuenta que la norma de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional descrita anteriormente sería un reglamento emitido por los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la parte del Departamento de Seguridad Nacional que procesa las solicitudes de tarjetas de residencia y visas temporales presentadas en los Estados Unidos.

Los solicitantes de visa en el extranjero deben presentarse con su embajada o consulado local, en un proceso controlado en gran parte por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Recientemente, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos y el Departamento de Estado siguieron la misma relativamente estrecha definición de “carga pública”.

Sin embargo, en enero de 2018, el Departamento de Estado cambió su política para ampliar los escenarios cuando un funcionario consular pudiera denegar una solicitud de visa por motivos de carga pública. Este cambio fue hecho a través de la revisión del Manual de Asuntos Exteriores, el cual guía la toma de decisiones de los funcionarios consulares. A pesar de que ello significa que los cambios fueron efectivos inmediatamente, también fueron menos específicos que lo que el Departamento de Seguridad Nacional está contemplando a través de su más lento proceso de regulación.

Para un resumen de las acciones del Departamento de Estado y su impacto principal, por favor vea este artículo.

¿Qué sucede con los patrocinadores de las solicitudes de tarjetas de residencia?

Además de las acciones descritas anteriormente, en mayo de 2019 la Casa Blanca emitió un memorando presidencial que ordenaba a una docena de secretarios del gabinete a intensificar las acciones punitivas contra ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes si sus familiares inmigrantes apadrinados recibían beneficios públicos como cupones de alimentos o Medicaid.

Durante más de dos décadas, la ley de los Estados Unidos ha requerido que, para patrocinar a un miembro de la familia para una tarjeta de residencia, un ciudadano estadounidense o residente permanente debe firmar una “declaración jurada de apoyo”, que es esencialmente un contrato con el gobierno federal que promete mantener el ingreso familiar del inmigrante patrocinado en no menos del 125% de las pautas federales de pobreza. (También es común que otros miembros de la familia o amigos ejecuten una declaración jurada de apoyo como “patrocinadores conjuntos” si es necesario). Si el inmigrante termina utilizando ciertos beneficios públicos antes de convertirse en ciudadano de los EE. UU., entonces el gobierno tiene derecho a recuperar el efectivo valor de esos beneficios del patrocinador. Hasta ahora, sin embargo, ha habido pocas acciones de recuperación por parte del gobierno.

Al ordenar a varias agencias federales que emprendan enérgicamente cualquier posible acción de recuperación, la orden de la Casa Blanca podría causar preocupación entre los patrocinadores de la tarjeta de residencia basada en relación familiar. Sin embargo, es importante recordar que relativamente pocos titulares de la tarjeta de residencia son elegibles para beneficios públicos en primer lugar y, por lo tanto, es poco probable que la mayoría de los patrocinadores de la tarjeta de residencia se vea perjudicada por este pedido.

Boundless continuará actualizando esta publicación a medida que surjan más detalles sobre la implementación de esta orden.

¿Qué sigue después de esto?

Es muy importante que entienda que, sin importar los titulares que lea, la norma de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional no ha entrado en vigor. El status quo tradicional se mantendrá en vigor hasta que la “fecha efectiva” llegue – ya sea la fecha agendada el 15 de octubre del 2019 o más tarde si la corte bloquea la regla.

Este es el procedimiento que las agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional deben seguir cuando emiten una nueva regulación.

(1) Norma propuesta: el Departamento de Seguridad Nacional publica una norma en “propuesta” o “borrador” en el Registro Federal (oficialmente conocido como “Aviso de Reglamentación Propuesta”). Este documento establece cambios específicos que el Departamento de Seguridad Nacional quiere realizar sobre el Código Federal de Regulaciones, en conjunto con una extensa justificación jurídica y económica. Lea la norma propuesta aquí.

(2) Periodo de comentarios públicos: durante los 60 días consecutivos, la norma propuesta está abierta a comentarios públicos. Esto significa que cualquiera puede enviar al Departamento de Seguridad Nacional su retroalimentación sobre la norma de carga pública, incluyendo argumentos para mantener el status quo o modificando el texto reglamentario.

(3) Deliberaciones internas: durante los meses siguientes, el Departamento de Seguridad Nacional lee todos los comentarios públicos, prepara una respuesta para cada asunto o preocupación, y posiblemente realiza cambios a su plan regulatorio y análisis de impacto económico. Este proceso normalmente dura un largo tiempo (seis meses sería rápido en términos de agencia federal, y de hecho no es raro que dure más de un año).

(4) Norma final: el Departamento de Seguridad Nacional publica una norma “final” en el Registro Federal. Este documento enuncia los cambios finales que el Departamento de Seguridad Nacional hará al Código Federal de Regulaciones. El Departamento de Seguridad Nacional puede decidir cambiar de dirección desde su propuesta de norma inicial o adoptar exactamente el mismo lenguaje que antes. De cualquier manera, el Departamento de Seguridad Nacional debe proveer una justificación detallada de por qué se eligió seguir o ignorar los comentarios públicos recibidos. Lea la regla final aquí. La norma final tendrá una “Fecha de Entrada en Vigencia” normalmente después de los 60 días, en ese momento la norma se convierte en ley, asumiendo que no sea bloqueada por un juez en una demanda federal.

¿Qué significa esto para mí?

Incluso si la nueva norma finalmente se promulga, la extensión del número de beneficios de gobierno que remiten a una denegación por motivos de carga pública, probablemente no aplicará sobre solicitantes que han gozado de estos beneficios antes de la Fecha de Entrada en Vigencia de la norma.

Este es el resultado final: si está contemplando solicitar una tarjeta de residencia o una naturalización, es casi seguro que sea mejor que lo haga de inmediato, con la mayor antielación posible a estos nuevos cambios.

Boundless está monitoreando constantemente los cambios en el Sistema de Inmigración de los Estados Unidos para ayudarle a estar informado. Manténgase al tanto siguiendo a Boundless en Twitter o Facebook, de esta manera podrá ser comunicado sobre más detalles oficiales tan pronto como éstos salgan a la luz.

Más recursos:

• Página oficial de USCIS sobre la regla de carga pública del DHS.

• Entrevista de Forbes con el cofundador de Boundless, Doug Rand, sobre cómo esta política afectaría tanto a familias como a empleadores.

• Análisis de Boundless, artículo de opinión de Houston Chronicle e historia de NBC News sobre cómo esta política podría separar a casi 200,000 parejas casadas cada año.

• Artículos de opinión de Austin American-Statesman e historias en Politico, Wired y el Wall Street Journal sobre cómo esta política podría dañar a las empresas estadounidenses.

• Carta de más de 120 líderes empresariales que se oponen a la regla de la carga pública como devastadora para el crecimiento empresarial, la vitalidad económica y la competitividad de los EE. UU.

• Informe de Boundless que demuestra que la regla de carga pública es ilegal y que podría costar más de $13 billones por año.

Nota: una versión anterior de este artículo se publicó el 10 de septiembre del 2018 y el 23 de septiembre de 2018 basado en borradores anteriores del Departamento de Seguridad Nacional que se filtraron a la prensa en febrero y marzo de 2018.